La LODE fue una de las leyes orgánicas sobre
educación con mayor recorrido en la historia de España. El 3 de julio
de 1985, tras un fuerte debate, especialmente en torno a los "conciertos
educativos" con la enseñanza privada, se aprobó la Ley Orgánica del
Derecho a la Educación (LODE). Esta ley venía a modificar la ley del
Estatuto de Centros Escolares (LOECE) aprobada en 1980 por el gobierno
de UCD, tras una fuerte protesta estudiantil. Esta ley, de carácter muy
restrictivo respecto a la autonomía de los Centros educativos y a la
participación del alumnado en su funcionamiento, sería parcialmente
anulada por el Tribunal Constitucional. Además, el cambio de gobierno,
tras el triunfo del PSOE en las siguientes elecciones, condujo, aunque
con cierto retraso, a la reforma de las enseñanzas no universitarias,
aunque lo hizo de forma fragmentada: primero a través de la modificación
del régimen de los centros (LODE, 1985), luego con la reforma del
currículo (LOGSE, 1990), y en 1995 con la Ley Orgánica de Participación,
Evaluación y Gobierno de los centros docentes (LOPEG).
La LODE tuvo como ejes básicos la constitución de los Consejos Escolares
(su importancia en la gestión y control de la autonomía de los Centros
educativos) y el tema de los conciertos educativos, que llevaría a la
expansión de la enseñanza concertada en nuestro país (en detrimento de
la pública). Como ha señalado Luis Gómez Llorente ("El desvío de un
modelo", Cuadernos de Pedagogía, nº 408, enero 2011, pp. 85-91),
el desarrollo de la LODE, ya polémica en sus orígenes por su búsqueda de
equilibrios y concesiones a la enseñanza privada, ha ido degradándose
con los años, produciendo una hipertrofia de la concertación (la escuela
concertada, que no la pública, ha sido la gran beneficiada en este
proceso) y la atrofia de la participación (junto con la pérdida de
competencias de los Consejos Escolares). La expansión de los conciertos
durante estos años ha ido más allá de los límites que establecía la ley
de 1985 (art. 47), que los situaba en la EGB, y se han ido extendiendo,
en ocasiones, hacia la Formación Profesional, el Bachillerato, la
Educación Infantil o los PCPI. Por otro lado, la "autonomía" de los
Centros es una expresión que ha invertido su original significado: si en
la LODE significaba la gestión, control y participación de los órganos
de participación de la comunidad educativa en el funcionamiento de los
centros escolares, en la actualidad, "autonomía", especialmente en el
sector privado, significa la "ampliación de las facultades de quien
tiene la potestad de dirigir" el centro educativo.
Ya desde la LOCE,
durante el gobierno del PP, se revocó la competencia del Consejo Escolar
en la designación de los directores. Y cuando el PSOE llega al gobierno
y saca adelante la LOE (2006), "no reestablece la elección del
director, sino que establece un complejo sistema de selección por una
comisión bipartita Administración-Centro, en la que tiene mayoría los
representantes del Centro, pero que opera de acuerdo con un baremo
elaborado por la Administración". Esta se reserva, asimismo, la
evaluación de la gestión de los directores. Lo paradójico, además, es
que es entonces, como señala Luis Gómez, "cuando se adaptan sustanciosas
medidas (económicas y profesionales) para estimular la presentación de
candidaturas" (ahora que la dirección de los Centros es claramente
dependiente de la Administración, y no cuando eran cargos electivos). Se
tiende a "profesionalizar" la dirección de los Centros, en dirección
hacia un nuevo estamento jerárquico, más dependiente de la
Administración que de la comunidad educativa. Se tiende a desincentivar
la ya escasa participación democrática en la escuela, en la búsqueda de
buenos "gestores". Y así nos va.
