Contra la Selectividad: crónica de una ley.

     Siguiendo la prensa de la época, podemos ir reconstruyendo parte del proceso de aprobación de la ley de Selectividad, así como -dentro de los límites de la censura franquista- las críticas, protestas y manifestaciones que provocó su presentación. 

    Hoy vamos a centrarnos en el diario La Vanguardia. El 30 de marzo de 1974 el diario barcelonés recogía la acogida desfavorable que el proyecto de ley sobre las pruebas de selectividad seguía teniendo entre amplios sectores sociales. Se denunciaba la contradicción de esta ley con el espíritu y la letra de la Ley General de Educación (su carácter de prueba superpuesta a la evaluación continua), la desconfianza que suponía su implantación respecto a la labor de los Institutos de Enseñanza Media, así como la negligencia por parte de la universidad en relación con los programas y la supervisión del Curso de Orientación Universitaria, que ya perdía la finalidad de su denominación. Entre las protestas destacaba la del alumnado de 20 centros de Barcelona que solicitaban que aprobar el COU fuera condición suficiente para el ingreso en la universidad.
    El 3 de abril, el Ministro de Educación y Ciencia expuso el proyecto de ley ante el Consejo Nacional de Trabajadores. En su defensa de la ley, el Ministro señalaba que el COU se había acreditado como insuficiente para valorar la aptitud universitaria del alumnado. Y esto a la vez que reconocía el siguiente panorama educativo en España: 200.000 alumnos sin escolarizar y 500.000 mal escolarizados; 19.000 docentes, de los cuales sólo 2.500 pertenecían a la plantilla de los centros, y el resto desempeñaban funciones con carácter interino o contratado; un profesorado sobre el que además se afirmaba que se primaría "la dedicación exclusiva".
    El 9 de abril La Vanguardia destacaba que el proyecto de ley de Selectividad había alcanzado el récord de enmiendas a la totalidad (25) en la historia de las Cortes franquistas, junto a 167 enmiendas contra determinados aspectos de la ley (especialmente contra su aplicación en ese mismo curso). La Asociación Nacional de Catedráticos de Enseñanzas Medias amenazó con aconsejar a sus asociados el aprobado general para todos los alumnos de COU, "y aún amenazaba con no impartir clase de este curso el año próximo". Por otro lado, el Ministerio recibía el apoyo de las Juntas de Gobierno de las Universidades de Barcelona, Bilbao, Salamanca, Politécnica y autónoma de Madrid, Zaragoza y Santiago. La Asociación Naciona de Padres de Alumnos y la Unión Nacional de Asociaciones Familiares denunciaban la carencia de medios y las pocas salidas profesionales que se ofrecían a los titulados universitarios.
    El 12 de abril, en portada, aparecía la rueda de prensa convocada por el Ministro de Educación para defender la bondad de la ley de selectividad, su propósito de mejorar la calidad de la educación y evitar la masificación y la falta de control. El Ministro negaba que se tratara de implantar un numerus claussus y se defendía de las acusaciones respecto al carácter restrictivo y clasista de la ley. Según el Ministro, "la formación, llegados a este punto (el paso a la Universidad), ha nivelado las posibles diferencias de estadios sociales iniciales"; además, señalaba, existían 30.000 vacantes en la formación profesional estatal, y las escuelas universitarias estaban infrautilizadas. Estos últimos aparecían como los espacios de formación "naturales" de los estudiantes provenientes de las clases populares.
    El 10 de mayo hubo un paro generalizado en las tres universidades barcelonesas, al que se unieron alumnos de enseñanzas medias. Hubo varias concentraciones y manifestaciones estudiantiles que fueron disueltas por la "Policía Armada". El rector de la universidad explicaba a la prensa que tras un "fructífero diálogo" acordó con los estudiantes convocar periódicas reuniones de acuerdo con un calendario, sin entrar en valorar ninguna de las cinco medidas solicitadas por los convocantes de la protesta.
    El 17 de mayo el Ministro presenta en las Cortes franquistas el proyecto de ley sobre selectividad. En su discurso insistió que "es propósito firme de la Administración evitar todo privilegio de clase" (si insistía, por algo sería, seguramente para negar lo evidente).
    El 30 de mayo comenzaron los debates sobre el proyecto de ley. El director general de Universidades, Felipe Lucena Conde, afirmaba en su discurso: "La actual Enseñanza Media está produciendo un tipo genérico de estudiante que se repite a sí mismo en aterradoras proporciones, y que cualquier profesor de Instituto o Universidad podrá descubrir como vocacionalmente indiferente, disminuido de saberes instrumentales y sin ilusiones culturales definidas". Por otro lado, un procurador resaltaba la diferencia en el número de aprobados en las últimas convocatorias del curso preuniversitario respecto a las del COU, "donde se ha llegado a aprobar más del noventa por ciento". Una de dos, o los estudiantes de medias eran "aterradores" como denunciaba Felipe Lucena, o eran más aplicados que en otras épocas, como señalaba el procurador (¿o quizás insinuaba que aprobar al noventa por ciento hacía al COU sospechoso de ser un filtro poco eficaz?). Ese mismo procurador calificaba de utópico el sistema de evaluación continuada que sostenía la reciente Ley General de Educación, y que la ley de selectividad venía a contradecir, pues señalaba la alta relación profesor-alumno en las escuelas de la época, que sobrepasaba con creces las recomendadas de 25 o 30 alumnos.

    El viernes 31 de mayo de 1974, en el debate sobre el proyecto de ley de selectividad en las Cortes franquistas, se desestimaron todas las enmiendas totales presentadas. Según recoge el diario La Vanguardia, entre los argumentos de los procuradores disidentes se encontraban los siguientes:
Es una ley innecesaria, pues según un procurador, "está suficientemente prevista en la LGE la preparación de los alumnos, incluida la programación y la supervisión por la Universidad del COU; basta con que todas estas previsiones se cumplan para que los alumnos lleguen preparados. Y si no lo están, mal podrá capacitarlos un nuevo examen".
Es una ley ineficaz. Varios procuradores manifestaron sus dudas acerca de que el proyecto de ley pueda mejorar la calidad universitaria, mientras que la masificación se considera que afecta sólo a unos centros y es un asunto más de presupuestos que de estudiantes. Y para resolver este punto se considera más útil una reforma fiscal que una prueba de acceso".
Es una ley incongruente con el resto del sistema educativo y con el método de evaluación continua. Altera los presupuestos del COU que queda devaluado y prácticamente anulado en sus fines de orientación vocacional y de ensedanza de las técnicas de trabajo universitario.
Es, además, una ley impopular e inconstitucional (pues restringía el derecho a la educación).
    El 12 de junio comenzó a debatirse el articulado del proyecto de ley de selectividad.
    El 18 de enero de 1975 se publicaba en el BOE el contenido y las normas del desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad. Según la redactora de La Vanguardia, tras el fuerte debate y la oposición previa, se había suavizado el proyecto de ley, "lo que viene a demostrar que, incluso en España, las campañas tienen su efecto. La ley de selectividad se aprobó más o menos como el Ministerio la había elaborado, pero la norma que la desarrolla ha sido dulcificada". Por ello, la compara con la anterior prueba del curso preuniversitario, en la que aprobaba aproximadamente un 50%, en ocasiones menos, dependiendo del tribunal. Días más tarde, en las cartas al director, aparecía la réplica de un catedrático de instituto a la noticia antes comentada. Este catedrático negaba la "racionalidad" de la nueva prueba -frente a lo que sostenía la redactora-, pues eran pruebas que no versaban sobre las materias del COU y no estaban evaluadas por especialistas (un tribunal de 5 miembros para 20 materias). Hablaba por ello, de una "victoria pírrica" frente al Ministerio. El 28 de enero, el mismo periódico recogía la protesta de la Asociación de Catedráticos de Instituto de Madrid respecto a la falta de adecuación de las nuevas pruebas a la planificación del COU.

Contra la Selectividad: las protestas estudiantiles.

    La Selectividad, que venimos analizando en otras entradas de este blog, fue uno más de los elementos restrictivos (junto con la subida de tasas académicas, la supresión de los exámenes de febrero, los alumnos libres o el establecimiento de numerus clausus), que ya desde finales de la dictadura franquista impusieron las clases dominantes de nuestro país para frenar la creciente "masificación" universitaria, es decir, lo que desde su perspectiva de clase se entendía como la inasumible transformación desde una universidad de elites hacia una "universidad de masas" (o en términos menos clasistas, una universidad más popular). 

    Las protestas contra la Selectividad dentro del movimiento estudiantil arrancaron, como vimos, con la aprobación en 1974 de la Ley de Selectividad, y continuarían durante la Transición, durante la cual se planteó la búsqueda de alternativas democráticas al viejo sistema educativo de la dictadura. Junto las luchas antiselectivas, se desarrollaron durante esos años luchas corporativas (sobre planes de estudio, demanda de infraestructuras adecuadas) o de reformas institucionales (gestión democrática, estatutos o autonomía de los centros). 

    Los últimos años de la transición fueron de una fuerte contestación estudiantil contra la Ley de Autonomía Universitaria y el Estatuto de Centros Docentes, un freno a los proyectos de alternativas democráticas impuesto por la política conservadora del gobierno de UCD. La llegada del PSOE al gobierno no reduciría los conflictos, y junto a la oposición a la temprana Ley de Reforma Universitaria, aparece un fuerte movimiento de protesta en las enseñanzas medias, especialmente durante el curso 1986-1987, donde entre otras reclamaciones se reivindica la supresión de la selectividad y los numerus clausus, la congelación de las tasas académicas y su progresiva disminución, el aumento de las becas y, en general, el incremento de los presupuestos generales del Estado dedicados a la educación. Conviene recordar que desde 1975 a 1986 se incrementó en un 76% el número de alumnos en secundaria, en un contexto de políticas neoliberales de recorte del gasto público, y con altas tasas de paro juvenil que hacían de la enseñanza media y universitaria una estrategia, el único capital para intentar salir de la exclusión. La actitud del gobierno socialista que se negaría durante mucho tiempo a recibir a los estudiantes y dialogar con ellos, y que ordenó reprimir brutalmente algunas de las manifestaciones convocadas, acentuó y prolongó durante mes y medio la protesta. Este movimiento estudiantil nutriría los movimientos sociales de la época, como se reflejó en su participación en la campaña contra la entrada de España en la OTAN, tras la vergonzosa reconversión ideológica de los líderes del PSOE.
Nota: para estas líneas he utilizado algunas ideas del artículo de Carlos Vaquero "El movimiento estudiantil universitario", aparecido en la revista Mientras Tanto (nº 91-92, 2004, pp. 155-176).
A continuación, la información aparecida en el telediario de la 1 acerca de las movilizaciones estudiantiles de 1987.

    En la imagen de la izquierda podéis ver al joven Jon Manteca, que tiene página propia en wikipedia, y que la prensa convirtió en icono mediático de las protestas. Su violencia contra el mobiliario urbano parecía más llamativa para los medios de comunicación que la violencia policial, cuyos disparos alcanzaron, en esa misma protesta, a una manifestante, María Luisa Prada, de 15 años de edad. 

    La corta popularidad de Jon Manteca, utilizado durante un breve tiempo por los medios de comunicación como reflejo de la violencia sin sentido "antisistema", fue "resignificada" sin embargo por grupos de jóvenes como "respuesta reflejo" a la violencia policial, o como imagen de la frágil y precaria (con "muletas"), pero escurridiza lucha contra la resignación, frente a la situación de exclusión de muchos jóvenes españoles. Y ello representado a través de la destrucción de ese letrero de la estación de metro "Banco de España".

Contra la Selectividad. Reflejos de la polémica en la prensa del tardofranquismo.

     Continuando con nuestro repaso al debate sobre la Selectividad, en conexión con la memoria democrática y del movimiento estudiantil, vamos a centrarnos hoy en el campo de la prensa y las revistas del tardofranquismo, en las que también tuvo un fuerte eco esta polémica sobre las restricciones del acceso a los estudios universitarios. 

    En la revista Triunfo, que se destacó en los últimos años de franquismo por su apertura informativa y crítica, apareció un amplio debate sobre el tema. En su número 602 (13/4/1974) se dedicó un especial titulado "El debate de la Selectividad". En su introducción, se afirmaba que  el número de cartas recibidas en la Redacción era probablemente "el más elevado de las que han podido producir cualquier otro concreto". Dentro de dicho número especial, el filósofo Carlos París escribía un artículo titulado "¿Universidad de minorías o Universidad abierta?" En él se denunciaba las connotaciones elitistas del término "masificación", que asociaba lo bueno como patrimonio de pocos (como algo que se degrada cuando se extiende) .Señalaba también que el tamaño de la población universitaria del momento era de 484 por 100 mil habitantes, inferior a países como Grecia, Yugoslavia, Argentina o Uruguay. En España había llegado con cierto retraso, como muchas otras cosas en esa época, la "revolución cultural" que, en el contexto internacional, pretendía convertir la enseñanza secundaria en una institución general, no elitista. Una transformación que también comenzaba a llegar a la Universidad española, fruto de la explosión demográfica de los años 60, y que el Gobierno franquista no supo proveer de los recursos necesarios. Frente a ello, el Ministerio actuaba con precipitación, limitando el acceso y sin consultar a los agentes educativos.

    A la redacción de Triunfo continuaron llegaron escritos, y en el número 608 (25/5/1974) aparecía una selección de algunos de ellos bajo el título "Contra la Selectividad universal". Así, las alumnas del Instituto femenino de Castellón de La Plana exponían en su carta que "no entendemos que estando vigente una Ley (LGE) que trataba de encontrar nuevos cauces que evitasen los exámenes (evaluación continua, criterios según actitud, fichas, etc.), ahora se nos exija un examen de acceso a los estudios universitarios". Otros estudiantes señalaban la gravedad de añadir a la "selectividad económica" otra barrera de acceso: "¿Para qué queremos más selección? ¿Para lograr élites dentro de las élites?". También se denuncia la depreciación que esta prueba producía en el Curso de Orientación Universitaria, que quedaba así en tierra de nadie, sin verdadera utilidad como orientación o acceso a la Universidad, convertido en un mero trámite que alargaba el acceso a los estudios universitarios. Frente a esto, se proponía, entre otras medidas, una mayor interrelación entre los distintos niveles educativos, así como la participación de los estudiantes en los claustros (y las decisiones ministeriales).

Contra la Selectividad. Orígenes.

    El 16 de febrero de 2011 se convocó una huelga por el Sindicato de estudiantes para protestar contra la reciente imposición de la prueba de selectividad a los alumnos de los ciclos formativos que quieran acceder a la Universidad. También se protestaba contra "el endurecimiento de la Selectividad", tras la aprobación de  nuevos requisitos en las pruebas de acceso. Llamaba la atención la exquisita prudencia con la que se hacían las reclamaciones al Gobierno. Según el diario Córdoba (28/01/11), los estudiantes de ciclos formativos "afirman que no se niegan a hacer una prueba de acceso, pero siempre que se les examine de las asignaturas que han estudiado y no de las que se imparten en bachillerato".  La Selectividad, o para ser más precisos, las Pruebas de Acceso a la Universidad, son algo que, por rutinario, se han convertido en una especie de necesario e inevitable "rito de paso" hacia la Universidad para los estudiantes. Algo que ya casi nadie cuestiona, a no ser para introducir otra reforma o proponer "mejoras".     El ignorar el origen de los procesos o instituciones actuales, su arbitrariedad o intencionalidad original, puede conducirnos a "naturalizar" o legitimar esos procesos, y con ello a deslegitimar las luchas o resistencias que provocan.

    Pero hubo una época en la que el movimiento estudiantil se movilizó contra estas pruebas de acceso. Se veían como una traba más que añadir a la selectividad económica ya existente, y que afectaba especialmente a los hijos de las familias obreras en sus intentos por incorporarse a los estudios superiores.

    Hagamos un poco de memoria. La Selectividad se instauró a finales de la dictadura franquista, en el curso 1974-1975, en el marco de la Ley de Reforma Educativa del Ministro J. L. Villar Palasí.  Como el Examen de Estado o la Prueba de Madurez de las anteriores leyes franquistas, la nueva prueba seguía teniendo una función selectiva, para un modelo de Universidad básicamente elitista. Con la introducción del Curso de Orientación Educativa, y el numerus clausus en las Universidades, la  nueva selectividad adoptaría  además, y prioritariamente, una función distribuidora del alumnado que originaría nuevas disfunciones como la jerarquización entre carreras y la frecuente matriculación del alumnado en especialidades no elegidas (Vid. Fdo. Muñoz Vitoria, El sistema de acceso a la universidad en España, CIDE, MEC, 1993). 

    Incluso en el contexto del tardofranquismo, la Selectividad provocó un amplio rechazo. Fue un proyecto elaborado sin consultar a ninguno de los sectores afectados, y que provocó la repulsa incluso dentro de las Cortes franquistas. La ley de Selectividad iba contras las directrices de la Ley General de Educación aprobada hacía poco, en un intento de reactivar la depauperada enseñanza española, en la que se pretendía "construir un sistema educativo permanente no concebido como una criba selectiva de los alumnos", que defendía llevar a cabo "la racionalización de múltiples aspectos del proceso educativo, que evitaran la subordinación del mismo al éxito de los exámenes". Lo que en esta ley se planteaba como una normativa excepcional sometida a las necesidades de los propios centros universitarios, pasaba a ser, gracias al ministro Martínez Esteruelas, una norma general bajo los criterios del Ministerio. Fue una ley, la de la Selectividad, surgida en plena efervescencia política universitaria contra el régimen franquista, ya en sus estertores. El fuerte rechazo a esta ley se reflejó también en documentos como el elaborado por el Colegio de Doctores y Licenciados que, en su propuesta de Una alternativa democrática a la enseñanza defendía una educación no clasista, en el que "todos tengan las mismas oportunidades, y se evite cualquier tipo de selectividad" (El País, 12/10/1976). Algunas asambleas de "trabajadores de la enseñanza" se sumaron al anterior documento.
    Por otro lado, el Ministro Martínez Esteruelas apoyaba la necesidad de esta ley de selectividad en una serie de argumentos que todavía siguen sonando en la actualidad. El primero era el de la baja calidad de la enseñanza superior, algo que difícilmente podía analizarse seriamente desligándolo del resto de los niveles de enseñanza. También se denunciaba la masificación o saturación de las aulas universitarias, cuando el porcentaje de población universitaria en España estaba entre los más bajos de Europa. Lo que se ocultaba era la incapacidad o el desinterés del Gobierno por adecuar las instalaciones y el profesorado al incremento del número de estudiantes. Otro argumento era el de que, a pesar de esta selección, se ayudaría a los económicamente débiles, para que pasaran realmente los "más capacitados", y no hubieran condicionantes sociales o económicos. Pero es que esa selección era seguramente más temprana, en otras etapas educativas anteriores a la universitaria. Además, al handicap cultural y social del alumnado proveniente de las clases trabajadoras, se sumaba el hecho de que difícilmente contarían con los medios económicos suficientes para procurarse medidas correctivas adecuadas con las que superar las barreras selectivas (métodos pedagógicos más eficaces, centros escolares mejor dotados, profesores particulares, etc). 
       Personalmente, recuerdo, a finales de la Transición, las fuertes luchas que organizábamos en los Institutos contra la ley de los Estatutos de Centros, y los esfuerzos por democratizar unas instituciones educativas que, como todas las instituciones públicas heredadas del franquismo, seguían manteniendo resabios autoritarios y/o paternalistas respecto al alumnado. Tras estas huelgas, el movimiento quedó muy destrozado, y aunque hubo otros conatos de huelga en 1983 y 1984, fueron muy limitados. Sólo años más tarde, en 1985, se lanzaría la idea de organizar un Sindicato de Estudiantes. Fue el mismo año que se produjo el movimiento contra la incorporación de España a la OTAN, ahora apoyada por el gobierno socialista, en un vergonzoso giro ideológico, lo que permitió dotar de cierta base al movimiento de protesta estudiantil. 

    En septiembre de 1986 se producen protestas en la Universidad Complutense contra la aplicación del numerus clausus, lo que provoca movilizaciones de no admitidos llamando a la solidaridad; movilizaciones que contaron con cuatro mil o cinco mil estudiantes manifestándose desde el paraninfo de la ciudad universitaria hasta Moncloa. La buena respuesta de los estudiantes llevó a convocar una huelga general el 4 de diciembre, que fue el inicio del fuerte movimiento estudiantil del curso 1986-1987. El PSOE había revalidado las elecciones en 1986, aunque ya en junio de 1985 había sufrido la convocatoria de una huelga general contra la reforma de las pensiones (otra más). El gobierno socialista se había estrenado ya en 1983 con una salvaje reconversión industrial y continuaría adoptando políticas que le enfrentarían al movimiento obrero y estudiantil. Las movilizaciones estudiantiles del curso 1986-1987 consiguieron arrancar del gobierno la gratuidad de la enseñanza secundaria (hasta ese momento había que abonar tasas académicas en BUP y COU), avances en la política de becas universitarias, y de derechos democráticos para los estudiantes (derecho de reunión y de huelga), así como la construcción de nuevos centros de enseñanza media en todo el país.

   Pero, a pesar de la insistencia del movimiento estudiantil, se mantendría la prueba de acceso, aunque es verdad que muy descafeinada. Como afirma uno de los líderes estudiantiles de estas protestas, Juan Ignacio Ramos, en las negociaciones con el Ministerio, en la que intervino el actual vicepresidente Rubalcaba, la respuesta de este último a la petición estudiantil de eliminar la selectividad consistió en señalar que el 80% de los estudiantes que se presentaban a ella aprobaban. Es decir, se limitaba a señalar que no era una traba fundamental, pero sin más justificación (Vid. Julia Varela, Las reformas educativas a debate, 1982-2006, Madrid, Morata, 2007, p. 98). Cuando todavía se justifica la necesidad de la selectividad en la actualidad, basándose en una supuesta saturación de las aulas univesitarias, se confunde, entre otras muchas cuestiones que seguiremos analizando, el derecho a la prestación educativa (muy limitado con esta prueba de acceso) y el derecho a ser simplemente examinado (un derecho progresivamente disminuido en la mayor parte de nuestras universidades tras la reforma educativa de los años 70).

Sobre la selección de los directores de los centros públicos de enseñanza.

Para una opinión crítica sobre el Decreto 153/2017 que publicó la Junta de Andalucía para la “selección” que no “elección democrática” de los Directores de los centros docentes públicos, podéis consultar la siguiente dirección:

http://ustea.es/new/la-administracion-andaluza-seguira-controlando-la-seleccion-de-los-directores-y-las-directores-de-los-centros-docentes-publicos/

Este Decreto intensifica y extrema el papel de directores y directoras como representantes de la administración en los centros públicos. Además, impone en la “comisión de selección” una mayoría de miembros elegidos por la Administración frente a una minoría elegida democráticamente en el seno del Consejo Escolar (que también ha pasado a ser un órgano “consultivo” al servicio del “liderazgo pedagógico” de los nuevos directores). La participación del alumnado ha pasado a ser casi simbólica. Años de lucha por la participación democrática en los centros educativos públicos desaparecen por decreto.

Desde el sindicato USTEA proponen, entre otros aspectos:

• Desarrollar la cooperación y la colaboración en los centros, dejando de lado el concepto de liderazgo educativo.
• Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en las comisiones de selección.
• Hacer públicos los criterios para elegir a los y las representantes de la administración en las comisiones de selección.