A. Viñao ha señalado recientemente ("El asalto a la educación: privatizaciones y conservadurismo",
Cuadernos de Pedagogía, nº 241, marzo 2012, pp. 81-85) cómo determinadas técnicas de gestión pueden calificarse como conservadoras dependiendo de cómo y en qué contexto se diseñan y aplican:
Si, por ejemplo, las políticas de descentralización, autonomía y evaluación se llevan a cabo junto con otras medidas privatizadoras y mercantilizadoras, de reforzamiento de las segmentaciones verticales y horizontales de los sistemas educativos; si la evaluación externa o interna se establece con el fin de elaborar rankings públicos, un sistema de "pago por resultados" y mecanismos de autoinculpación por parte de profesores y alumnos, y si además dichas medidas parten de la consideración de los centros docentes públicos como entes autónomos o privados con quienes los poderes públicos suscriben un contrato o acuerdo dejándolos a su suerte, como si nada tuvieran que ver con ellos -es decir, autoexculpándose dichos poderes de su responsabilidad en el funcionamiento, la mejora y la calidad de la educación en el sistema público-, podemos decir que estamos ante políticas claramente conservadora.
Viñao denuncia también la imposición de un lenguaje eufemístico que "convierte la reducción de gasto público en educación en ajustes necesarios para garantizar los servicios y derechos sociales...; las capacidades, destrezas y conocimientos en competencias (entendido como destreza, habilidad mensurable, cuantificable, y, por tanto, evaluable); los alumnos y familias en clientes o consumidores, y la acción social de los centros docentes, en publicidad y marketing...". Se desarrollan dispositivos autoinculpadores tanto para las familias como para los alumnos, los centros docentes y los profesores, nunca para los poderes públicos.
