El filósofo del derecho Juan Ramón Capella ha escrito un interesante artículo, "Castigo sin venganza", en la revista digital Mientras tanto (nº 220, febrero 2023), donde reflexiona sobre la tendencia en nuestro país a agravar las penas impuestas a los condenados por delitos que crean cierta "alarma social" creada o amplificada por algunos medios de comunicación. A continuación os dejo el final del artículo, donde Capella hace unas interesantes propuestas:
"La punición pública se ha incrementado en algunos casos y se ha modificado en el período constitucional. Merece la pena detenerse a reflexionar sobre el carácter de las penas de prisión. Pues son claramente desmesuradas. Una condena a diez años de cárcel, por ejemplo, impone la pérdida no solo de la libertad sino de las experiencias vitales individuales que pueden conducir al fortalecimiento del lado social de la personalidad. Ese tipo de penas, superiores a diez años, le cambian la vida a cualquier persona. Deberían estar reservadas a delitos gravísimos reiterados contra las personas, con un tope inferior a los quince años, y me paso de largo. Los delitos cometidos en estados de obnubilación —concepto más débil que el de trastorno mental transitorio— deberían ser tratados psiquiátrica o psicológicamente y las penas reducidas y orientadas a la educación en las creencias sociales compartidas y en el dominio de las pasiones. Para los delitos económicos graves las penas deberían estar proporcionadas a las dimensiones del delito y a la ubicación social del delincuente, siendo más altas las penas impuestas a quienes gozan de elevadas posiciones en la pirámide social.
Por último, para los delitos menores se debería recurrir a castigos que no impliquen un encarcelamiento penitenciario, sino a medios como el arresto domiciliario, el confinamiento, el destierro y sobre todo a los servicios comunitarios, cuyo catálogo debería ser público y no indeterminado. Todavía no tenemos una administración de justicia en la que esto último deba quedar a criterio de los jueces.
Además, se debería acabar con dos lacras del sistema penal: las penas “que no se cumplen” y las penas acordadas con la acusación pública (de influencia norteamericana, esto es, del peor derecho penal de un sistema representativo). Se trata de volver a limpiar el sistema penitenciario, de librarlo de lo vindicativo y sobre todo, en la medida de lo posible, de humanizarlo".
