La polémica llegó hasta la Cámara regional madrileña. En ella, la consejera de Educación, Lucía Figar, denunciaba al parlamentario socialista: "¿Qué me está pidiendo, que prevarique, que manipule la adjudicación de un contrato?"; a la vez que lo justificaba señalando que la empresa Eulen era la que mejores condiciones presentó entre la oferta económica y la educativa, y pidió al PSOE que pregunten a sus compañeros del exgobierno del "Tripartido en Cataluña o en Castilla-La Mancha donde Eulen también gestiona escuelas infantiles" (Fuente: Diario de Alcalá.es).
Como ya he escrito en el blog de la asamblea de mi Centro, este alarmante proceso de mercantilización y privatización de servicios sociales, incluida la educación, no es algo que se haya inventado la presidenta de la Comunidad de Madrid, es, por el contrario, un proceso que ya se lleva desarrollando en otros países europeos, y cuya lógica neoliberal es también aplicada por los gobiernos socialdemócratas, contagiados de esta "neolengua" capitalista empresarial (perdón, "de emprendedores").
Esta fiebre "privatizadora" tiene su apoyo incluso -como ha señalado en un artículo E. J. Díez Guitiérrez- en el mismo Tratado de la Constitución Europea, en el que los servicios públicos, como la educación pasaron a denominarse Servicios Económicos de Interés General, por lo que, al no ser definido explícitamente como un derecho, la responsabilidad de la educación termina diluyéndose entre otros agentes sociales ajenos al Estado. Pero esto será objeto de la próxima entrada en este blog. Hasta entonces.
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