Escrito de protesta del Claustro IES Ruiz Gijón contra algunas actuaciones de la Inspección educativa

CARTA DE PROTESTA DEL CLAUSTRO DEL I.E.S. RUIZ GIJÓN FRENTE A LA ACTUAL INTERVENCIÓN DE LA INSPECCIÓN EN NUESTRO CENTRO:

En respuesta a las actuaciones que la Inspección educativa ha comenzado a desarrollar en nuestro Centro desde principios de curso, el Claustro del profesorado, en la reunión del 26 de enero de 2017, acordó por unanimidad presentar este escrito de protesta:

• Este Claustro ha recibido el informe final de la evaluación de la Inspección a través de la Dirección, sin que haya podido haber ningún diálogo, ni hayamos podido pedir aclaraciones, o resolver dudas, respecto a su contenido o aplicación. El inspector de nuestro Centro ha rechazado la invitación que, a través de Dirección, aprobamos enviarle para asistir a un próximo Claustro. Nos resulta incomprensible que en la evaluación de nuestro Centro la Inspección educativa haya incluido a otros sectores de la comunidad educativa (familias y alumnado), pero se haya evitado desde el principio al órgano de representación democrática y pedagógica del profesorado (el Claustro de profesores); especialmente cuando se nos requiere para cumplimentar las conclusiones de su informe con la mayor celeridad (algo que, avisan, comprobarán en el próximo trimestre), sin que tengamos claros algunos aspectos del mismo. Apoyamos la propuesta de la Junta de Personal Docente (Sevilla, 2013), frente a otras polémicas actuaciones en años anteriores, de una Inspección educativa que preste “apoyo, asesoramiento y soluciones dialogadas”. Valoramos la crítica, que seguramente podrá ayudarnos a mejorar, pero desde la consideración y el respeto, la colaboración y el diálogo. Defendemos también el fomento de la colaboración y participación democrática de toda la comunidad educativa. Por ello creemos que es más interesante que ésta pueda reunirse para debatir en común las propuestas de mejora y no que la Inspección entreviste por separado a algunos de sus componentes (con la exclusión ya mencionada del profesorado) para formarse su particular percepción de la situación de nuestro Centro.

• Consideramos que si se trata de eso, de evaluar nuestro trabajo, es necesario que en esa evaluación no nos conviertan en sujetos pasivos de control (como ha sucedido en este caso), sino que nos permitan participar en ese proceso de evaluación, en su diseño e implementación; que ese proceso nos sirva para reflexionar sobre nuestra propia práctica, y no para forzarla aceleradamente a adaptarse a los actualmente impredecibles cambios legislativos. La Inspección debería ya conocer la cuestionable utilidad de los resultados de evaluaciones externas en la que los evaluados desconocen con claridad sus objetivos y criterios (éstos sólo han llegado a través del ETCP, y no ha habido posibilidad de retorno en la comunicación con la Inspección). Unos objetivos y criterios que los evaluados perciben en ocasiones como lejanos a su práctica diaria y orientados por decisiones políticas o administrativas a corto plazo.

• Cuestionamos que desde la Inspección se prescriban metodologías que no tienen en cuenta la realidad con la que trabajamos, e ignoran la experiencia y la cultura docente. En este sentido, la Junta Personal Docente ya recogía, en el año 2013, la propuesta de “eliminar la tendencia a prescribir en vez de aconsejar o proponer líneas de actuación sobre programaciones y evaluación”, así como “contextualizar y contemplar la autonomía que tiene el profesorado en estas competencias”. Por ello, nos cuesta entender que durante la actual evaluación de la labor docente de algunos compañeros y compañeras, se haya pedido a algunas profesoras de PMAR que tuviera programadas para el mes de diciembre unidades didácticas mediante el trabajo por proyectos, aunque reconociera al mismo tiempo que no existen actualmente las condiciones para poder aplicar esta metodología en nuestras aulas (atribuyéndolo a los recursos disponibles, olvidando que las exigencias del currículo, de la estandarización de programaciones y del proceso evaluador que se trata de imponer hace difícil el uso de tales metodologías). En ningún momento se indicó al profesorado qué tareas podían desatender para poder cumplir estas demandas (pues estaba añadiendo más carga a su trabajo de finales de un trimestre).

• Este comienzo de curso ha sido difícil, con mucho trabajo para el profesorado por los actuales cambios legislativos que nos obligan a preparar nuevos temarios, nuevas asignaturas, nuevas metodologías, nuevos modos de evaluación. Hemos tenido que adecuar las programaciones a una legislación en constante proceso de revisión y con conflictos competenciales entre Administraciones. En poco tiempo hemos vivido la confusa sucesión de competencias, criterios de evaluación y estándares que nos han hecho modificar las programaciones varias veces durante el primer trimestre. Y con unas pruebas de Selectividad todavía en el aire. Y ello junto con unos recortes presupuestarios que han aumentado el número de alumnos por clase y que hacen que cada vez impartamos más materias “afines” distintas de la especialidad por la que nos incorporamos a la docencia. Alumnado y profesorado sufrimos las consecuencias de estos ya largos recortes sin que se nos escuche en ningún momento para decidir o apoyar las soluciones. Es contradictorio que en el actual Informe elaborado por la Inspección se incluyan medidas como el desdoblamiento de grupos, los agrupamientos flexibles o la intervención de dos docentes en el aula, cuando conoce la reducción de otros cuatro profesores menos en nuestro Centro para este curso; o que afirme que la muy elevada ratio en los cursos de primero se deba al descenso en la tasa de promoción del curso anterior (y no en el rechazo a conceder otro grupo). En ningún momento se analiza en el informe los posibles efectos de los recortes presupuestarios, sino que se correlacionan directamente las tasas de resultados con las actuaciones desarrolladas en el Centro. No se valora tampoco en el informe, por ejemplo, la denuncia del alumnado, en su reunión con la Inspección, del deterioro de las infraestructuras del Centro (creado en 1965, no recibe dotación para inversiones desde 2011, y desde ese año hasta el curso 2015/2016 los gastos de funcionamiento se han reducido en 30.000 euros). Además, toda actividad docente para la que no haya un registro documental parece no existir para la Administración; aunque la proliferación creciente de tales registros no conduzca, como reconoce el propio Informe de Inspección, a una aplicación real y práctica en la vida del Centro y en la tarea docente.

• Denunciamos que en los actuales criterios de evaluación se han incrementado progresivamente los ítems a cumplimentar (competencias, logros, objetivos...) haciendo interminable este proceso y, sobre todo, poco útil para nuestro trabajo. Al profesorado se nos exige tener en clase a mano los criterios de evaluación, la programación de aula con todo lo que vamos a hacer con los alumnos perfectamente detallado para su revisión. No entendemos que esta tarea, difícil de cumplimentar durante la labor en el aula, si no es a costa de ralentizarla, se sugiera desde Inspección realizarla en horas de permanencia dedicadas a otras funciones. Creemos que la educación no es un proceso de producción asimilable al de una empresa en los que una programación rigurosamente secuenciada (siguiendo estándares de calidad), en los que se operacionaliza cada uno de los objetivos a alcanzar y se precisa los términos de evaluación y medición de los logros, garantice la mejora del “producto”. Por desgracia, actualmente, en la educación, esta insistencia en la planificación y control del aprendizaje sirve para postergar o invisibilizar cuestiones urgentes (la pérdida de democracia en la escuela, el fomento del liderazgo frente a la participación, el deterioro de la equidad frente al fomento de la “excelencia”...).

• Denunciamos que algunas intervenciones de la Inspección educativa están colaborando con la creciente descualificación y falta de autonomía del trabajo docente, sometida a un proceso de uniformización y estandarización diseñado para la “mejora de resultados”. La insistencia en el minucioso desarrollo de las programaciones de departamentos, según estándares impuestos, bajo la amenaza de que cualquier formalidad documental puede dar por buena una reclamación, es un reflejo de lo anterior. Además, esa estandarización impuesta limita cada vez más gravemente la innovación y experimentación educativas (pues para comparar hay que tomar un modelo de medida, y lo que no es medible es cuestionado). Si no, véase la definición de los estándares de evaluación que establece la actual legislación y en los que insiste la Inspección: “Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables”. Entendemos la autonomía docente siempre dentro del marco de su carácter de servicio público, en conexión con las necesidades democrática- mente compartidas por la comunidad, a la vez que como una garantía democrática frente al intento de imponer el interés particular de ciertos sectores políticos o económicos sobre el espacio de lo público.

• Denunciamos nuestra creciente sobrecarga laboral, que excede en ocasiones lo recogido en nuestro horario regular e irregular. En este sentido, la demanda de Inspección de aumentar la coordinación docente se contradice con que a su vez apliquen reducciones de horas de coordinación de los jefes de departamento (cuando no han suprimido o integrado alguno de ellos), así como el aumento de horas lectivas y de guardias del profesorado en general. La necesidad de una formación permanente en el profesorado, que todos compartimos, se hace cada vez más difícil con un horario de tarde que se llena cada vez más con horas de tutoría, reunión de departamentos, de consejo escolar, evaluaciones, claustros... Además, se exige la asistencia a evaluaciones iniciales y a otras actividades que no están incluidas en nuestro horario. Esta misma inspección debería explicarnos qué horas de nuestro horario no lectivo o irregular (preparación de clases, correcciones de tareas, etc.) debemos desatender para cumplir esas exigencias. Denunciamos que, durante el actual proceso de evaluación, se ha convocado en ocasiones al profesorado fuera de sus horas de reunión o permanencia (incrementando su jornada laboral sin justificación).

• Apoyamos un proceso de evaluación docente en el que pueda participar democráticamente toda la comunidad educativa, que sirva para valorar y ayudar a mejorar, que no esté diseñado para controlar y disciplinar, para comparar o clasificar a los docentes. Queremos una relación basada en el diálogo y la consideración, en la confianza y la colaboración, en el respeto a nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la enseñanza.

Desde el Claustro de profesores del I.E.S. RUIZ GIJÓN, y ante la ausencia de diálogo con la Inspección, nos comprometemos a difundir entre los sindicatos y la comunidad educativa esta protesta, especialmente por la falta de cultura democrática que reflejan algunas actuaciones de la Inspección educativa, así como por la creciente descualificación y pérdida de autonomía del trabajo docente en la que parecen colaborar.

EL CLAUSTRO DEL PROFESORADO DEL I.E.S. RUIZ GIJÓN (UTRERA).

UTRERA 3 DE FEBRERO DE 2017.

P.D.: El escrito se presentó, pese a los intentos de obstrucción de la Dirección del Centro, a los representantes sindicales en la Junta de Personal de la Delegación. Tras ello, hubo amenazas y presiones por parte del inspector, intentando señalar a alguno de los promotores del escrito. Desde el Claustro se redactó una carta de denuncia de estas actuaciones. El inspector también amenazó de sanciones a algunos profesores por algunas críticas vertidas en el correo interno del profesorado (a las que alguien facilitó el acceso) sobre su actuación. El inspector sigue rechazando las peticiones de información o aclaraciones respecto a los criterios de evaluación, que deben ser públicos. 

Tras este proceso, el inspector del Centro aceptó la dimisión del Director y de forma casi inmediata, sin consulta a la comunidad educativa, nombró a dedo a una nueva Dirección. Desde los sindicatos, mientras tanto, nos comunicaban que la Delegada les afirmaba que el inspector le había transmitido que había elegido una nueva Dirección entre una terna de aspirantes.