Tras un proceso de recogida de firmas en el que han conseguido el apoyo de más de la mitad de los docentes de las Islas (más de 5.000), la votación convocada por la Assemblea de Docents cumplía el requisito legal de contar con el apoyo de más de la mitad de la plantilla (unos diez mil docentes) para deliberar sobre la convocatoria de una huelga. Se celebraron cuatro asambleas simultáneas (una por cada isla) en las que la votación arrojó un respaldo masivo a la huelga. De unos 900 votos emitidos, 860 respaldan la convocatoria indefinida.
El curso pasado entró en vigor la no sustitución de bajas de docentes hasta que lleven 15 días y el descuento de salario en los primeros días de la enfermedadLos recortes del Gobierno balear durante el curso pasado han sido similares a los de otras autonomías gobernadas por el PP, pero como explica Guillem Barceló, de la Assemblea de Docents, “en otros sitios se ha hecho más escalonado, aquí se ha acelerado en el curso 2012/13”. El curso pasado entró en vigor la no sustitución de bajas de docentes hasta que lleven 15 días y el descuento de salario en los primeros días de la enfermedad. Otra medida que ha causado mucha controversia es que el profesorado interino fue enviado al paro en los meses de julio y agosto, ahorrándose de esta forma la Conselleria los sueldos de este período. Además, se ha producido “la reducción de docentes proporcionalmente más drástica en todo el Estado, mil docentes menos en una plantilla de poco más de diez mil”, explica Barceló.
Las medidas no sólo se han cebado en las condiciones laborales de los docentes, también han afectado a las familias. “Se han eliminado becas de transporte, de comedor, las becas del año pasado se han aprobado este verano con un recorte de 300.000 euros sobre un total de 800.000. Con las de este curso se espera algo similar”, lamenta Barceló. Este profesor denuncia también que mientras se subvenciona con 70.000 euros a las editoriales para que adapten los manuales a la variedad balear de la lengua catalana, se deniegan becas a las familias para comprar libros y no existe un programa dotado de presupuesto para reutilizar los libros de texto.
El detonante de la convocatoria ha sido la aprobación del polémico decreto de Tratamiento Integral de LenguasDesde la Assemblea de Docents también muestran su rechazo a la Ley de símbolos y convivencia, una norma aprobada por la Conselleria de Educación el curso pasado que sanciona a docentes que exhiban cualquier símbolo en clase que pudiera interpretarse de forma política (por ejemplo, camisetas verdes en apoyo a la educación pública). Para Barceló supone “un auténtico ataque a la libertad de cátedra”.
El diario de clase es un recurso para la investigación en el aula, para una reflexión crítica sobre la práctica docente. No se trata de un monólogo redentor o culpabilizador, sino de un programa de investigación-acción que busca el diálogo y la crítica de alumnado, padres y compañeros. Es también una manera de abrir la escuela, el aula y el trabajo del docente a la mirada de la sociedad.
domingo, 15 de septiembre de 2013
Huelga indefinida del profesorado de Baleares
El profesorado de Baleares ha decidido empezar el curso con una huelga indefinida. (Tomás Muñoz en Diagonal, 10/09/2013):
lunes, 8 de julio de 2013
Carta de denuncia de varias organizaciones a las polémicas instrucciones de la Consejería de Educación respecto a la religión católica.
Las organizaciones firmantes denunciamos el carácter discriminador de las instrucciones de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por condicionar la elección de los padres a favor de la Religión Católica.
Las instrucciones de 23 de Mayo de 2013 son completamente opuestas al carácter laico de la educación que reconocen tanto el Estatuto de Autonomía como la Ley de Educación de Andalucía (LEA), al sesgar la libre elección de los padres favoreciendo la asignatura de religión. La maniobra confesionalista del departamento que dirige Mar Moreno queda de manifiesto en varios de sus puntos:
· Se informa exhaustivamente del derecho a escoger la opción confesional, mientras no se da ninguna información sobre la alternativa ni se recuerda a los centros la obligación de programar las actividades a desarrollar y a publicitar dicha programación.
· Tampoco se indica a los padres qué han de hacer si no desean que sus hijos reciban adoctrinamiento religioso.
· Se obliga a acompañar el impreso de solicitud de formación religiosa con los documentos de matrícula, sin explicar a los padres que no es necesario cumplimentarlo. Hemos de recordar que los padres que no deseen educación religiosa para sus hijos NO HAN DE FIRMAR NINGÚN IMPRESO.
· Y por último, se introduce en el impreso una anotación que contradice todas las normas legales, según la cual, la elección tendrá carácter indefinido, pretendiendo de forma burda evitar que los alumnos abandonen esta catequesis encubierta a medida que son mayores y son más libres para decidir, como ocurre en la actualidad, tal como vienen reclamando desde la Conferencia episcopal.
Denunciamos también los nulos esfuerzos de la Consejería por hacer que todos los centros concertados religiosos cumplan las leyes y respeten la libertad de conciencia de sus alumnos, ofertando alternativas a la religión católica.
Proponemos que se respete el carácter laico de la educación, incluyendo en el sobre de matrícula simplemente una nota indicando a los padres que deseen optar por la enseñanza de religión que soliciten el documento correspondiente e informando de las actividades a realizar en caso de no elegirla.
Pedimos a los directores de los centros educativos que continúen recabando la opción de los padres al inicio de cada curso escolar tal como establece la disposición adicional segunda del DECRETO 231/2007.
Por último reclamamos una auténtica escuela Pública, Laica y de Calidad donde no tenga cabida el adoctrinamiento religioso ni la discriminación por motivos de creencias.
POR UNA ESCUELA PÚBLICA – RELIGIÓN FUERA DE LA ESCUELA
¡RETIRADA DEL PROYECTO DE LOMCE, YA!
Firman: Andalucía Laica, REDES, FAMPA Nueva Escuela, CGT Sevilla, Foro por Otra Escuela-Red IRES Sevilla
Propuesta de la Junta de Personal Docente de Sevilla respecto a las actuaciones de la Inspección durante el curso 2012-2013
ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN DURANTE EL CURSO
2012-2013.
Durante el curso escolar 2012-2013 la puesta en marcha del Plan de Actuación
provincial por parte de la Inspección Educativa ha provocado quejas por parte del
profesorado de la provincia de Sevilla.
La Inspección educativa debe tener, junto con la supervisión, un importante papel en
el asesoramiento y apoyo a los centros educativos y, dentro de los mismos, a los
equipos directivos y al profesorado. Sin embargo, estamos asistiendo, con gran
preocupación, a ciertas actuaciones y a determinadas formas de llevarlas a cabo, por
parte de algunos/as inspectores e inspectoras, que no conducen exactamente a la
mejora del sistema educativo de forma colaborativa. Muy al contrario, son formas
que parecen poner en entredicho la profesionalidad del profesorado, culpabilizándolo
de los malos resultados, cuando éstos se dan, sin tener en cuenta el propio contexto
social en el que se encuentra el centro.
Este tipo de actuaciones no tiene justificación alguna y, mucho menos, teniendo en
cuenta que las circunstancias actuales han creado una difícil situación para los
profesionales de la enseñanza que están viendo como, curso tras curso, va
aumentando su carga de trabajo de una forma importante.
Asimismo, constatamos la necesidad de:
a) potenciar el diálogo directo entre la Inspección y el profesorado y sus
representante sindicales.
b) eliminar la tendencia a prescribir en vez de aconsejar o proponer líneas de
actuación sobre programaciones y evaluación.
c) contextualizar y contemplar la autonomía que tiene el profesorado en estas
competencias.
d) eliminar el uso de los resultados de las pruebas de diagnóstico, y de las
evaluaciones, como método comparativo entre centros/zonas, y entre el
profesorado de cada centro.
Somos conscientes que debe ser interés y tarea de todos y todas tratar de mejora
aspectos del proceso de enseñanaza que sean mejorables y que, para detectarlos, hay
que evaluar y autoevaluar la propia labor docente. Ahora bien, esa tarea debe basarse
en la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa implicados en ello.
Presionar al profesorado culpabilizándolo de los males de la educación no es el
camino, lo que los centros y los profesionales que trabajan en ellos necesitan por
parte de la Inspección Educativa es apoyo, asesoramiento y soluciones dialogadas;
también la evaluación y la crítica, pero la crítica constructiva que contribuya a la
mejora de la educación pública andaluza, objetivo por el que los y las docentes
trabajamos cada día.
Por todo ello, pedimos al Sr. Delegado que inste al Servicio de Inspección a tener en
cuenta las siguientes consideraciones a la hora de llevar a cabo su labor:
Que se de a conocer y se comunique al centro que vaya a ser evaluado
cuáles son los objetivos, qué procedimientos se van a utilizar y cuál va a ser
la fecha de dicha evaluación.
Evaluaciones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad educativa
de cada centro.
Que se informe al profesorado de los objetivos concretos que se pretenden
conseguir con la documentación que se les solicite, así como del resto de
actuaciones que se les requieran.
La Inspección Educativa, como criterio general, deberá basar su relación
con el profesorado en el respeto y la consideración. Sólo sobre estas bases
se puede construir una relación profesional basada en la confianza y la
colaboración.
Celebración de reuniones periódicas entre la Junta de Personal y la Jefatura
de Inspección
Sevilla, a 5 de junio de 2013
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE
DE CENTROS NO UNIVERSITARIOS
DE SEVILLA
2012-2013.
Durante el curso escolar 2012-2013 la puesta en marcha del Plan de Actuación
provincial por parte de la Inspección Educativa ha provocado quejas por parte del
profesorado de la provincia de Sevilla.
La Inspección educativa debe tener, junto con la supervisión, un importante papel en
el asesoramiento y apoyo a los centros educativos y, dentro de los mismos, a los
equipos directivos y al profesorado. Sin embargo, estamos asistiendo, con gran
preocupación, a ciertas actuaciones y a determinadas formas de llevarlas a cabo, por
parte de algunos/as inspectores e inspectoras, que no conducen exactamente a la
mejora del sistema educativo de forma colaborativa. Muy al contrario, son formas
que parecen poner en entredicho la profesionalidad del profesorado, culpabilizándolo
de los malos resultados, cuando éstos se dan, sin tener en cuenta el propio contexto
social en el que se encuentra el centro.
Este tipo de actuaciones no tiene justificación alguna y, mucho menos, teniendo en
cuenta que las circunstancias actuales han creado una difícil situación para los
profesionales de la enseñanza que están viendo como, curso tras curso, va
aumentando su carga de trabajo de una forma importante.
Asimismo, constatamos la necesidad de:
a) potenciar el diálogo directo entre la Inspección y el profesorado y sus
representante sindicales.
b) eliminar la tendencia a prescribir en vez de aconsejar o proponer líneas de
actuación sobre programaciones y evaluación.
c) contextualizar y contemplar la autonomía que tiene el profesorado en estas
competencias.
d) eliminar el uso de los resultados de las pruebas de diagnóstico, y de las
evaluaciones, como método comparativo entre centros/zonas, y entre el
profesorado de cada centro.
Somos conscientes que debe ser interés y tarea de todos y todas tratar de mejora
aspectos del proceso de enseñanaza que sean mejorables y que, para detectarlos, hay
que evaluar y autoevaluar la propia labor docente. Ahora bien, esa tarea debe basarse
en la colaboración entre los miembros de la comunidad educativa implicados en ello.
Presionar al profesorado culpabilizándolo de los males de la educación no es el
camino, lo que los centros y los profesionales que trabajan en ellos necesitan por
parte de la Inspección Educativa es apoyo, asesoramiento y soluciones dialogadas;
también la evaluación y la crítica, pero la crítica constructiva que contribuya a la
mejora de la educación pública andaluza, objetivo por el que los y las docentes
trabajamos cada día.
Por todo ello, pedimos al Sr. Delegado que inste al Servicio de Inspección a tener en
cuenta las siguientes consideraciones a la hora de llevar a cabo su labor:
Que se de a conocer y se comunique al centro que vaya a ser evaluado
cuáles son los objetivos, qué procedimientos se van a utilizar y cuál va a ser
la fecha de dicha evaluación.
Evaluaciones contextualizadas que tengan en cuenta la realidad educativa
de cada centro.
Que se informe al profesorado de los objetivos concretos que se pretenden
conseguir con la documentación que se les solicite, así como del resto de
actuaciones que se les requieran.
La Inspección Educativa, como criterio general, deberá basar su relación
con el profesorado en el respeto y la consideración. Sólo sobre estas bases
se puede construir una relación profesional basada en la confianza y la
colaboración.
Celebración de reuniones periódicas entre la Junta de Personal y la Jefatura
de Inspección
Sevilla, a 5 de junio de 2013
JUNTA DE PERSONAL DOCENTE
DE CENTROS NO UNIVERSITARIOS
DE SEVILLA
Reunión con la Consejera de Educación.
Crónica de la reunión celebrada entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la Plataforma Andaluza por la Educación Pública y la Marea Verde Andaluza.
Teresa Rodríguez, representando en la mesa a Marea Verde Andaluza.
En la tarde del 17 de julio de 2013 ha tenido lugar en la Consejería de Educación una reunión entre la Consejería de Educación (la Consejera Mar Moreno, el Viceconsejero y la Directora General de Personal), la Plataforma Andaluza por la Educación Pública (CC.OO., Ustea, UGT, CGT, Plataforma de Docentes Interinos, Codapa, Confedampa, el Sindicato de Estudiantes y Surgente) y la Marea Verde Andaluza. El tema de la reunión: la readmisión de los 4.502 docentes interin@s despedid@s este curso.
En dicha reunión y expuestas algunas de las posiciones de l@s representantes de las organizaciones sociales la Consejería ha repartido un informe en el que se trata de defender con datos sesgados dos premisas: la Junta ha tenido que asumir los recortes antisociales procedentes del gobierno central del PP (lo que no se dice, los recortes procedentes de la Troica) y la Junta ha recortado estilosamente para que la calidad de la enseñanza no se viera mermada (manteniendo la ratio pero generalizando, sin decirlo y de forma ilegal, el incremento del 10% que establece la LOE para alumnado de incorporación tardía) y las familias andaluzas no lo notaran (manteniendo programas de apoyo a las familias como los comedores, las becas, el aula matinal, el transporte escolar, el PROA, el programa de gratuidad de libros de texto, etc.) De forma que básicamente la problemática generada por la aplicación estricta de las dos horas de más de jornada laboral lectiva y los subsiguientes despidos se circunscriba a una cuestión meramente sindical: l@s profesor@s tienen que trabajar más cobrando menos y se han perdido puestos de trabajo.
La segunda parte del discurso de la Consejería ha sido una especie de reproche a las organizaciones presentes por cargar las tintas sobre la Consejería favoreciendo con ello al PP, a la derecha, a la LOMCE. La “equidistancia no es neutral”, ha dicho la Consejera, “la equidistancia favorece al PP”.En el marco de este discurso, el sello de "izquierdas" que Izquierda Unida le ha dado al gobierno de la Junta al aceptar sus presupuestos demuestran que no había otra política posible.
Algunas de las organizaciones presentes hemos defendido que no hay recortes de izquierdas y recortes de derechas. Que la base discursiva de los recortes justificada en la crisis fiscal, en el “no hay dinero”, no nos vale como punto de partida sobre la inevitabilidad de los recortes. Que lo que ell@s llaman “austeridad”, “estabilidad y reequilibrio presupuestarios”, “lucha contra el déficit” esconde una realidad conocida a estas alturas por el conjunto de la ciudadanía y en especial por l@s trabajador@s: primero el gobierno del PSOE y luego el gobierno del PP han robado recursos públicos financiados mayoritariamente por quienes vivimos de nuestro salario para rescatar al capital financiero, agente y beneficiario de esto que llaman “crisis” y que, según la Consejera, terminará en unos años. En este sentido hemos hablado de Maastricht, del Pacto de Lisboa, o más recientemente el pacto para reformar la Constitución y colocar como máxima prioridad de los gobiernos el pago de la deuda ilegítima generada por el rescate bancario y décadas de política fiscal regresiva; un pacto que fue propuesto por el PSOE y aceptado por el PP. Pero para la Consejera de Educación estos son, literalmente “errores” del pasado, “de unos y otros” que ahora no vienen al caso.
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar.
Pero no solo hemos hablado de dinero. Para nosotras y nosotros, la Consejería ha desarrollado, desde antes de la crisis, una serie de medidas que la sitúan en el lugar común del que dicen estar alejados. Medidas que organizan la educación con criterios empresariales como los incentivos, las productividades, las “evaluaciones” externas que tienen en cuenta sólo los resultados cuantitativos de determinados contenidos marcados por la mercantilista OCDE (las pruebas de diagnóstico), el papel del Inspector como censor de contenidos y metodologías para conseguir mejores resultados bajo sus estrechos y mercantiles parámetros “educativos”, la disminución progresiva de la democracia en los centros desde los últimos ROC, la clasificación de los centros según sean “de calidad” o no, la segregación del alumnado de la mano del bilingüismo, la externalización y privatización de servicios educativos de los que tanto presumen (aula matinal, transporte, comedores, el PROA, extraescolares, educación especial...) a costa de una mano de obra subcontratada y precaria con sueldos de miseria, impagos e incumplimiento de la normativa laboral más básica. Cuesta creer que se lucha contra la privatización, los conciertos y la LOMCE cuando se ha formado parte del proceso, cuando desde la LOE y la LEA se empezó a considerar a la concertada como parte del sistema educativo público, cuando se ha alimentado la política de conciertos desde su nacimiento, cuando se han implantado y mantenido durante tantos años los privilegios de la Iglesia católica en nuestras escuelas. Todo esto a la Consejera le parecen “debates ideológicos” que no vienen al caso y que “se han tenido muchas veces”, que son viejos, que no son pertinentes.
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar.
Más abajo, más en el terreno, a la Consejera le cuesta creer que el aumento lectivo y la eliminación de profesorado en un contexto, además, de crecimiento del número de alumnos y alumnas año tras año supongan una merma en la calidad de la enseñanza. Ni siquiera cuando una miembro de la Codampa le ha dicho que su hijo recibe clases de lengua de la profe de filosofía o clase de plástica del profe de música. Para la Consejería se trata de un perjuicio inevitable (siempre el argumento de lo inevitable sobre la mesa) que se le ha hecho a los y las docentes en sus condiciones de trabajo y que quizá de forma indirecta puedan afectar al alumnado. Negar lo innegable, mantener la compostura política, la propaganda, la absoluta incapacidad de hacer autocrítica.
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar. Lo único a lo que podemos aspirar volviendo al tema que nos ocupaba en esta reunión:
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar.
Teresa Rodríguez, representando en la mesa a Marea Verde Andaluza.
En la tarde del 17 de julio de 2013 ha tenido lugar en la Consejería de Educación una reunión entre la Consejería de Educación (la Consejera Mar Moreno, el Viceconsejero y la Directora General de Personal), la Plataforma Andaluza por la Educación Pública (CC.OO., Ustea, UGT, CGT, Plataforma de Docentes Interinos, Codapa, Confedampa, el Sindicato de Estudiantes y Surgente) y la Marea Verde Andaluza. El tema de la reunión: la readmisión de los 4.502 docentes interin@s despedid@s este curso.
En dicha reunión y expuestas algunas de las posiciones de l@s representantes de las organizaciones sociales la Consejería ha repartido un informe en el que se trata de defender con datos sesgados dos premisas: la Junta ha tenido que asumir los recortes antisociales procedentes del gobierno central del PP (lo que no se dice, los recortes procedentes de la Troica) y la Junta ha recortado estilosamente para que la calidad de la enseñanza no se viera mermada (manteniendo la ratio pero generalizando, sin decirlo y de forma ilegal, el incremento del 10% que establece la LOE para alumnado de incorporación tardía) y las familias andaluzas no lo notaran (manteniendo programas de apoyo a las familias como los comedores, las becas, el aula matinal, el transporte escolar, el PROA, el programa de gratuidad de libros de texto, etc.) De forma que básicamente la problemática generada por la aplicación estricta de las dos horas de más de jornada laboral lectiva y los subsiguientes despidos se circunscriba a una cuestión meramente sindical: l@s profesor@s tienen que trabajar más cobrando menos y se han perdido puestos de trabajo.
La segunda parte del discurso de la Consejería ha sido una especie de reproche a las organizaciones presentes por cargar las tintas sobre la Consejería favoreciendo con ello al PP, a la derecha, a la LOMCE. La “equidistancia no es neutral”, ha dicho la Consejera, “la equidistancia favorece al PP”.En el marco de este discurso, el sello de "izquierdas" que Izquierda Unida le ha dado al gobierno de la Junta al aceptar sus presupuestos demuestran que no había otra política posible.
Algunas de las organizaciones presentes hemos defendido que no hay recortes de izquierdas y recortes de derechas. Que la base discursiva de los recortes justificada en la crisis fiscal, en el “no hay dinero”, no nos vale como punto de partida sobre la inevitabilidad de los recortes. Que lo que ell@s llaman “austeridad”, “estabilidad y reequilibrio presupuestarios”, “lucha contra el déficit” esconde una realidad conocida a estas alturas por el conjunto de la ciudadanía y en especial por l@s trabajador@s: primero el gobierno del PSOE y luego el gobierno del PP han robado recursos públicos financiados mayoritariamente por quienes vivimos de nuestro salario para rescatar al capital financiero, agente y beneficiario de esto que llaman “crisis” y que, según la Consejera, terminará en unos años. En este sentido hemos hablado de Maastricht, del Pacto de Lisboa, o más recientemente el pacto para reformar la Constitución y colocar como máxima prioridad de los gobiernos el pago de la deuda ilegítima generada por el rescate bancario y décadas de política fiscal regresiva; un pacto que fue propuesto por el PSOE y aceptado por el PP. Pero para la Consejera de Educación estos son, literalmente “errores” del pasado, “de unos y otros” que ahora no vienen al caso.
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar.
Pero no solo hemos hablado de dinero. Para nosotras y nosotros, la Consejería ha desarrollado, desde antes de la crisis, una serie de medidas que la sitúan en el lugar común del que dicen estar alejados. Medidas que organizan la educación con criterios empresariales como los incentivos, las productividades, las “evaluaciones” externas que tienen en cuenta sólo los resultados cuantitativos de determinados contenidos marcados por la mercantilista OCDE (las pruebas de diagnóstico), el papel del Inspector como censor de contenidos y metodologías para conseguir mejores resultados bajo sus estrechos y mercantiles parámetros “educativos”, la disminución progresiva de la democracia en los centros desde los últimos ROC, la clasificación de los centros según sean “de calidad” o no, la segregación del alumnado de la mano del bilingüismo, la externalización y privatización de servicios educativos de los que tanto presumen (aula matinal, transporte, comedores, el PROA, extraescolares, educación especial...) a costa de una mano de obra subcontratada y precaria con sueldos de miseria, impagos e incumplimiento de la normativa laboral más básica. Cuesta creer que se lucha contra la privatización, los conciertos y la LOMCE cuando se ha formado parte del proceso, cuando desde la LOE y la LEA se empezó a considerar a la concertada como parte del sistema educativo público, cuando se ha alimentado la política de conciertos desde su nacimiento, cuando se han implantado y mantenido durante tantos años los privilegios de la Iglesia católica en nuestras escuelas. Todo esto a la Consejera le parecen “debates ideológicos” que no vienen al caso y que “se han tenido muchas veces”, que son viejos, que no son pertinentes.
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar.
Más abajo, más en el terreno, a la Consejera le cuesta creer que el aumento lectivo y la eliminación de profesorado en un contexto, además, de crecimiento del número de alumnos y alumnas año tras año supongan una merma en la calidad de la enseñanza. Ni siquiera cuando una miembro de la Codampa le ha dicho que su hijo recibe clases de lengua de la profe de filosofía o clase de plástica del profe de música. Para la Consejería se trata de un perjuicio inevitable (siempre el argumento de lo inevitable sobre la mesa) que se le ha hecho a los y las docentes en sus condiciones de trabajo y que quizá de forma indirecta puedan afectar al alumnado. Negar lo innegable, mantener la compostura política, la propaganda, la absoluta incapacidad de hacer autocrítica.
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar. Lo único a lo que podemos aspirar volviendo al tema que nos ocupaba en esta reunión:
- Que no recurran la sentencia contra el plan de incentivos y dediquen lo que ahorren de ahí a la contratación de personal. Al parecer se lo están pensando.
- Una reunión de la Mesa Sectorial para hablar de contratación.
Es normal ser equidistantes de quienes se sitúan en el mismo lugar.
Dos horas menos, 4502 profesor@s más.
viernes, 14 de junio de 2013
Comunicado de USTEA-ENSEÑANZA relativo a las actuaciones de la inspección educativa.
USTEA- ENSEÑANZA ha mantenido una reunión con el servicio de Inspección Educativa de la Consejería de Educación.
Dicha reunión tenía como objetivo clarificar la situación generada en algunos centros educativos, según provincias y zonas de Andalucía, como consecuencia de las actuaciones concretas de algunos equipos de inspección provinciales, que este sindicato ha venido denunciando en los últimos meses.
Por ambas partes ha existido la voluntad de analizar y clarificar la situación, lo que se ha traducido en los siguientes compromisos, por parte de la inspección educativa:
- Mantener reuniones periódicas, con calendario específico, según la dinámica de cada provincia, tanto entre la inspección y las Juntas de Personal docente, como con las organizaciones sindicales que lo demanden. Con carácter general, se acuerda una reunión por trimestre.
- Elaborar y publicitar un protocolo que contemple los siguientes aspectos:
- Actuaciones homologadas.
- Protocolo de visitas al aula.
- Calendario de actuaciones.
- Hacer llegar a las comunidades educativas el sentido y el carácter de la evaluación, que debe ser cualitativa, por lo que los resultados son solo un elemento para la percepción objetiva.
Anteriormente USTEA publicó un Manual de Resistencia ante las actuaciones coactivas de la inspección educativa, que puede ser útil ante algunas actuaciones inadmisibles que durante este curso ha venido realizando la inspección en algunos centros.
Polémicas actuaciones de la inspección educativa en Utrera. Sobre los criterios de evaluación en la E.S.O.
En la prensa andaluza se han publicado noticias sobre la intervención de la inspección educativa en algunos centros durante este curso. En ella se recogen denuncias de actuaciones arbitrarias y atentatorias contra la autonomía de los Centros y de los docentes. Se imponen en ocasiones determinados criterios de evaluación, determinando porcentajes en la valoración de los distintos aspectos de ésta última.
La inspección califica en muchas ocasiones de "manifiestamente mejorable" el trabajo de los docentes, tras una superficial y poco transparente evaluación de los centros y del profesorado, atendiendo exclusivamente a los resultados académicos del alumnado y sin escuchar o debatir casi nunca con la opinión de los docentes. La inspección parece actuar simplemente siguiendo nuevas consignas de la Consejería que no justifica ni explica. No se puede mejorar el trabajo y los resultados de un Centro si el profesorado no entiende los criterios de la Administración y de la inspección.
Reproducimos a continuación la consulta de un compañero a CGT Educación sobre las últimas y polémicas actuaciones de la inspección educativa en Sevilla, así como la respuesta de la Dirección General Educativa.
La inspección califica en muchas ocasiones de "manifiestamente mejorable" el trabajo de los docentes, tras una superficial y poco transparente evaluación de los centros y del profesorado, atendiendo exclusivamente a los resultados académicos del alumnado y sin escuchar o debatir casi nunca con la opinión de los docentes. La inspección parece actuar simplemente siguiendo nuevas consignas de la Consejería que no justifica ni explica. No se puede mejorar el trabajo y los resultados de un Centro si el profesorado no entiende los criterios de la Administración y de la inspección.
Reproducimos a continuación la consulta de un compañero a CGT Educación sobre las últimas y polémicas actuaciones de la inspección educativa en Sevilla, así como la respuesta de la Dirección General Educativa.
En los centros de Utrera los inspectores están diciendo que para la evaluación en la E.S.O. el 51% de la nota deberá salir de la observación del alumnado en clase. De hecho en el I.E.S. "Virgen de Consolación" de nuestra localidad han hecho modificar todas las programaciones para introducir este requisito. Se basan en el Decreto 231/2007 de 31 de julio. En el artículo 14 referente a la evaluación no se establece ningún porcentaje, pero dice lo siguiente:
"Dicha evaluación se llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las pruebas, que en su caso, realice el alumno...".
Ese "preferentemente" de la redacción del artículo, ¿permite que los inspectores puedan imponer el porcentaje del 51%? ¿Si ya están aprobadas las programaciones pueden venir ahora a final de curso a modificarlas?
Y esta es la respuesta de la Dirección General Educativa:
Ante las consultas planteadas a esta Dirección General, en relación al apartado 6 del articulo 2 de la citada Orden de 10 de agosto de 2007, en el que se determina que “el
profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado preferentemente a través de la observación continuada”,se estima que es necesario tener en cuenta las diferencias
entre criterios de evaluación y procedimientos y estrategias de evaluación.
En este sentido, el profesorado, en el ejercicio de su autonomía, podrá elegir aquellos criterios y procedimientos que considere más adecuados a las características del alumnado y al área que imparte respetando, en todo caso, los criterios de evaluación comunes establecidos en el proyecto educativo del centro.
Por otra parte, deben ser los centros docentes los que recojan en su proyecto educativo los criterios y procedimientos de evaluación comunes y los propios de cada materia, de manera que faciliten la toma de decisiones más adecuada en cada momento del proceso evaluador, basándose en su autonomía pedagógica y organizativa para desarrollar modelos de funcionamiento propio.
Los compañeros de CGT de educación que nos han remitido este correo añaden que lo que dice la Inspección de Educación, tiene que tener documento escrito o referencia normativa. Además, responden de esta forma a otras preguntas de compañeros:
- "Lo del 51% es novedoso. NO se conoce texto legal que indique ese 51%. Por lo tanto si se han dado instrucciones verbales, se debe solicitar instrucciones escritas".
- ¿Permite que los inspectores puedan imponer el porcentaje del 51%? NO.
- ¿Si ya están aprobadas las programaciones pueden venir ahora a final de curso a modificarlas? NO. Si las programaciones o el proyecto educativo del centro contiene alguna ilegalidad, la inspección de educación debe comunicarla por escrito al centro mediante el "requerimiento" oportuno.
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