El tema de los estándares de evaluación y el establecimiento de criterios de evaluación comunes en los centros de enseñanza está creando un creciente malestar entre los docentes.
Desde la ley Pertierra, las reformas educativas han dedicado especial atención al tema de la evaluación y su publicidad. Así, crecientemente, el elemento clave que está condicionando la tarea dentro de las aulas es la existencia de pruebas de evaluación estandarizadas y otros eventos examinatorios como las reválidas. La innovación y la experimentación metodológica quedan hipotecadas por la necesidad de obtener buenos resultados en las evaluaciones.
Pero de esta obsesión por los estándares de evaluación y la evaluación individual tampoco se escapa ya el profesorado. Por poner un ejemplo, en Asturias, durante el curso 2008-2009, se produjeron huelgas del profesorado porque el gobierno asturiano en lugar de cumplir la prometida homologación salarial con el resto del Estado, creó un anteproyecto de ley (al igual que el caso andaluz con el Plan de Calidad o los sexenios) en el que se proponía imponer evaluaciones a las que el profesorado debía acogerse, para recibir esos complementos salariales, sin conocer sus términos previamente. Como denunciaron algunos sindicatos, eso, además de injusto, supone no entender que el trabajo del profesorado no es individual sino esencialmente colectivo.
El profesor Antoni Verger, en su artículo La propuesta de la evaluación docente, denuncia "los estándares de contenidos y rendimientos" que sirven para evaluar "si los centros logran los objetivos de manera eficaz".
Desde el punto de vista político, la evaluación docente es contraproducente para las demandas colectivas pues pone el énfasis en los rendimientos individuales de los docentes, con lo que además no favorece en absoluto la labor cooperativa en nuestro trabajo.
Para Antoni Verger, "una evaluación crítica no se centraría tanto en evaluar el desempeño docente de manera individual o aislada, como en evaluar este desempeño en el marco de procesos internos y de la realidad de los centros educativos". Para ello, propone que "los docentes deben ser sujetos activos tanto del diseño como de la implementación de los procesos de evaluación. Desencadenar procesos de auto-evaluación o de auto-reflexión sobre la práctica educativa. Reflexionar sobre la propia práctica, examinar críticamente los métodos que se usan y buscar alternativas y mejoras por ellos mismos".
Esto supondría, "ir más allá de la pura evaluación y, en realidad, avanzar hacia el análisis y la investigación (en la que los maestros sean sujetos activos y no únicamente objetos de estudio de un evaluador externo)".
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