En un interesante artículo de Fco. J. Merchán Iglesias sobre la política educativa de las últimas décadas en Andalucía, se desglosa la evolución histórica de estas políticas desde los Planes de Autoevaluación y Mejora de 2001 hasta 2012 (fecha de publicación del artículo).
Merchán señala que el caso de Andalucía es paradigmático de los nuevos usos de la medición de rendimiento del alumnado. En el Programa de Calidad de 2008, la Consejería apostaba por la rendición de cuentas y los incentivos económicos como "motores" del cambio. Este incentivo económico al profesorado se apoyaba en un 65% en la mejora de los indicadores del rendimiento académico de los alumnos (y en la reducción del 15% del número de amonestaciones o expulsiones). Según el sociólogo de la educación Julio Carabaña (2008), "incentivar económicamente por resultados no sólo funciona mal en las escuelas, sino que daña incentivos morales que funcionan mejor".
En lugar de buscar el compromiso y participación del alumnado y de los trabajores de la enseñanza, éstos son sometidos a ciclos inacabables de autoevaluación del logro; una dinámica de autoevaluación que paradójicamente -como señala Merchán- "no ha merecido por parte de las autoridades ningún tipo de evaluación acerca de la mejora que realmente producen en los centros escolares". La "calidad" se basa en obtener buenos resultados susceptibles de medición, por lo que la elaboración de indicadores y pruebas estandarizadas se convierten en piezas fundamentales. Organismos como la AGAEVE se explican por la utilidad política que aportan. Así, "la política educativa no es resultado de la evaluación que proporcionan las pruebas de diagnóstico, más bien resulta que las pruebas de diagnóstico son un instrumento, una coartada, de la política educativa".
Además, la nueva dirección escolar en Andalucía se caracteriza por el gerencialismo. El proyecto de dirección, con el que supuestamente se eligen a los nuevos cargos directivos, diseña en teoría unas líneas de actuación organizativa y pedagógica en las que el Claustro de profesores y el alumnado no tienen ninguna participación. Los directores y directoras de centros públicos en Andalucía actúan -según Merchán- "cada vez más como delegados de la administración educativa, lo que dificulta su pretendido "liderazgo pedagógico" y su capacidad de impulsar cambios".
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