Hoy vamos a centrarnos en
el diario La Vanguardia. El 30 de marzo de 1974 el diario
barcelonés recogía la acogida desfavorable que el proyecto de ley sobre
las pruebas de selectividad seguía teniendo entre amplios sectores
sociales. Se denunciaba la contradicción de esta ley con el espíritu y
la letra de la Ley General de Educación (su carácter de prueba
superpuesta a la evaluación continua), la desconfianza que suponía su
implantación respecto a la labor de los Institutos de Enseñanza Media,
así como la negligencia por parte de la universidad en relación con los
programas y la supervisión del Curso de Orientación Universitaria, que
ya perdía la finalidad de su denominación. Entre las protestas destacaba
la del alumnado de 20 centros de Barcelona que solicitaban que aprobar
el COU fuera condición suficiente para el ingreso en la universidad.
El 3 de abril, el Ministro de Educación y Ciencia expuso el proyecto de
ley ante el Consejo Nacional de Trabajadores. En su defensa de la ley,
el Ministro señalaba que el COU se había acreditado como insuficiente
para valorar la aptitud universitaria del alumnado. Y esto a la vez que
reconocía el siguiente panorama educativo en España: 200.000 alumnos sin
escolarizar y 500.000 mal escolarizados; 19.000 docentes, de los cuales
sólo 2.500 pertenecían a la plantilla de los centros, y el resto
desempeñaban funciones con carácter interino o contratado; un
profesorado sobre el que además se afirmaba que se primaría "la
dedicación exclusiva".
El 9 de abril La Vanguardia destacaba que el proyecto de ley de
Selectividad había alcanzado el récord de enmiendas a la totalidad (25)
en la historia de las Cortes franquistas, junto a 167 enmiendas contra
determinados aspectos de la ley (especialmente contra su aplicación en
ese mismo curso). La Asociación Nacional de Catedráticos de Enseñanzas
Medias amenazó con aconsejar a sus asociados el aprobado general para
todos los alumnos de COU, "y aún amenazaba con no impartir clase de este
curso el año próximo". Por otro lado, el Ministerio recibía el apoyo de
las Juntas de Gobierno de las Universidades de Barcelona, Bilbao,
Salamanca, Politécnica y autónoma de Madrid, Zaragoza y Santiago. La
Asociación Naciona de Padres de Alumnos y la Unión Nacional de
Asociaciones Familiares denunciaban la carencia de medios y las pocas
salidas profesionales que se ofrecían a los titulados universitarios.
El 12 de abril, en portada, aparecía la rueda de prensa convocada por el
Ministro de Educación para defender la bondad de la ley de
selectividad, su propósito de mejorar la calidad de la educación y
evitar la masificación y la falta de control. El Ministro negaba que se
tratara de implantar un numerus claussus y se defendía de las
acusaciones respecto al carácter restrictivo y clasista de la ley. Según
el Ministro, "la formación, llegados a este punto (el paso a la
Universidad), ha nivelado las posibles diferencias de estadios sociales
iniciales"; además, señalaba, existían 30.000 vacantes en la formación
profesional estatal, y las escuelas universitarias estaban
infrautilizadas. Estos últimos aparecían como los espacios de formación
"naturales" de los estudiantes provenientes de las clases populares.
El 10 de mayo hubo un paro generalizado en las tres universidades
barcelonesas, al que se unieron alumnos de enseñanzas medias. Hubo
varias concentraciones y manifestaciones estudiantiles que fueron
disueltas por la "Policía Armada". El rector de la universidad explicaba
a la prensa que tras un "fructífero diálogo" acordó con los estudiantes
convocar periódicas reuniones de acuerdo con un calendario, sin entrar
en valorar ninguna de las cinco medidas solicitadas por los convocantes
de la protesta.
El 17 de mayo el Ministro presenta en las Cortes franquistas el proyecto
de ley sobre selectividad. En su discurso insistió que "es propósito
firme de la Administración evitar todo privilegio de clase" (si
insistía, por algo sería, seguramente para negar lo evidente).
El 30 de mayo comenzaron los debates sobre el proyecto de ley. El
director general de Universidades, Felipe Lucena Conde, afirmaba en su
discurso: "La actual Enseñanza Media está produciendo un tipo genérico
de estudiante que se repite a sí mismo en aterradoras proporciones, y
que cualquier profesor de Instituto o Universidad podrá descubrir como
vocacionalmente indiferente, disminuido de saberes instrumentales y sin
ilusiones culturales definidas". Por otro lado, un procurador resaltaba
la diferencia en el número de aprobados en las últimas convocatorias del
curso preuniversitario respecto a las del COU, "donde se ha llegado a
aprobar más del noventa por ciento". Una de dos, o los estudiantes de
medias eran "aterradores" como denunciaba Felipe Lucena, o eran más
aplicados que en otras épocas, como señalaba el procurador (¿o quizás
insinuaba que aprobar al noventa por ciento hacía al COU sospechoso de
ser un filtro poco eficaz?). Ese mismo procurador calificaba de utópico
el sistema de evaluación continuada que sostenía la reciente Ley General
de Educación, y que la ley de selectividad venía a contradecir, pues
señalaba la alta relación profesor-alumno en las escuelas de la época,
que sobrepasaba con creces las recomendadas de 25 o 30 alumnos.
Es una ley innecesaria, pues según un procurador, "está
suficientemente prevista en la LGE la preparación de los alumnos,
incluida la programación y la supervisión por la Universidad del COU;
basta con que todas estas previsiones se cumplan para que los alumnos
lleguen preparados. Y si no lo están, mal podrá capacitarlos un nuevo
examen".
Es una ley incongruente con el resto del sistema educativo y con
el método de evaluación continua. Altera los presupuestos del COU que
queda devaluado y prácticamente anulado en sus fines de orientación
vocacional y de ensedanza de las técnicas de trabajo universitario.
Es, además, una ley impopular e inconstitucional (pues restringía el derecho a la educación).
El 12 de junio comenzó a debatirse el articulado del proyecto de ley de selectividad.
El
18 de enero de 1975 se publicaba en el BOE el contenido y las normas
del desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad. Según la
redactora de La Vanguardia, tras el fuerte debate y la oposición
previa, se había suavizado el proyecto de ley, "lo que viene a demostrar
que, incluso en España, las campañas tienen su efecto. La ley de
selectividad se aprobó más o menos como el Ministerio la había
elaborado, pero la norma que la desarrolla ha sido dulcificada". Por
ello, la compara con la anterior prueba del curso preuniversitario, en
la que aprobaba aproximadamente un 50%, en ocasiones menos, dependiendo
del tribunal. Días más tarde, en las cartas al director, aparecía la
réplica de un catedrático de instituto a la noticia antes comentada.
Este catedrático negaba la "racionalidad" de la nueva prueba -frente a
lo que sostenía la redactora-, pues eran pruebas que no versaban sobre
las materias del COU y no estaban evaluadas por especialistas (un
tribunal de 5 miembros para 20 materias). Hablaba por ello, de una
"victoria pírrica" frente al Ministerio. El 28 de enero, el mismo
periódico recogía la protesta de la Asociación de Catedráticos de
Instituto de Madrid respecto a la falta de adecuación de las nuevas
pruebas a la planificación del COU.
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