"El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al nuevo decreto de escolarización que regula un procedimiento que se inicia en breves días, y todos los temores que en su momento esgrimimos ante el borrador, con alegaciones incluidas, se han hecho realidad. Que la educación pública en Andalucía estaba malherida, tras años de recortes y mala gestión de los anteriores gobiernos, era un secreto a voces. Que el nuevo gobierno tiene la intención de “darle la puntilla” es ya una realidad constatada.
A estas alturas ya no sorprende que el argumento de peso que más esgrime el Consejero Imbroda sea el mal llamado “Derecho de libertad de elección de centro” por parte de las familias, aberración “paraconstitucional” que juega a la confusión con lo que establece el artículo 27 de la Constitución, que es que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza y los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Que nadie se llame a engaño: bajo el lema de la libertad de elección lo que este Decreto viene a sancionar es el privilegio de los centros privados concertados en aquellas localidades (no muchas, pero sí las más pobladas) en las que exista al menos uno de estos centros. El ejemplo puesto por el propio Director General de Planificación lo deja bien claro: En una localidad que cuente con cinco centros públicos y uno privado concertado, el criterio de proximidad valdría para los colegios públicos –para los que se mantendría la zona de escolarización– pero no para el concertado, cuya zona de escolarización se extendería en ese caso por todo el municipio. ¿Acaso la libertad es patrimonio exclusivo de las familias que optan por un centro concertado?¿Dónde queda la libertad de elección de tantas familias de las ciudades de Granada (con más de un 60% de plazas escolares concertadas en Infantil, Primaria y Secundaria), Málaga, Cádiz o Sevilla, que se quedan sin plaza en centros públicos de su elección y se ven forzosamente derivados a centros privados concertados si quieren mantener a sus hijos en la zona educativa que les corresponde?
Y de la libertad, a la “demanda”, confirmando que este gobierno apuesta por entender la Educación como un bien de mercado sujeto a la oferta y la demanda, ya que se nos dice que la “demanda social” es un elemento más a la hora de organizar la oferta educativa. Pues bien, esperemos que se tenga en cuenta en aquellos centros públicos que reciben más solicitudes que plazas tienen concedidas, y no sólo para justificar un futuro incremento de los conciertos educativos en pleno descenso demográfico.
En lo que no podemos negarle la razón al Sr. Consejero Imbroda es en su afirmación de que no existe un plan oculto para la concertada, ya que parece claro que este plan es público y notorio, y que se basa en potenciar el modelo de enseñanza privada concertada allí donde atrae el interés de inversores y puede generar pingües beneficios. Las motivaciones íntimas de esta política de favor a la enseñanza privada, no se nos escapa, son tanto ideológicas (es manifiesto el absoluto predominio en Andalucía de centros privados concertados de confesión católica) como económicas, ya que ante la crisis de otros sectores productivos hace tiempo que grandes empresas de capital privado han optado por fijar su objetivos en los servicios públicos: Educación, Sanidad, Asistencia Social,… Para estos sectores se ha legislado, como bien debe saber nuestro Consejero, que llegó al cargo proveniente de una empresa privada dedicada al “negocio” educativo.
Los conciertos educativos con empresas privadas surgieron en su momento ante la imposibilidad de acometer la escolarización obligatoria en la exigua red de centros públicos existentes a comienzos de los 80 del siglo pasado. El peso que estos centros han llegado a tener en la mayoría de las grandes ciudades andaluzas es anormal, y aberrante podría decirse, si comparamos con cualquier país europeo. Pues bien, ahora que vienen tiempos de descenso demográfico, cuando lo lógico sería pensar que se reducirían las unidades escolares concertadas por innecesarias, resulta que nos encontramos con que en los últimos años se han mantenido prácticamente blindadas, mientras los centros públicos han sufrido una reducción drástica de unidades en los niveles inferiores: Educación Infantil y Primaria."
