El 16 de febrero de 2011 se convocó una huelga por el Sindicato de estudiantes
para protestar contra la reciente imposición de la prueba de
selectividad a los alumnos de los ciclos formativos que quieran acceder a
la Universidad. También se protestaba contra "el endurecimiento de la
Selectividad", tras la aprobación de nuevos requisitos en las pruebas
de acceso. Llamaba la atención la exquisita prudencia con la que se hacían las reclamaciones al Gobierno. Según el diario Córdoba
(28/01/11), los estudiantes de ciclos formativos "afirman que no se
niegan a hacer una prueba de acceso, pero siempre que se les examine de
las asignaturas que han estudiado y no de las que se imparten en
bachillerato". La Selectividad, o para ser más precisos, las Pruebas de
Acceso a la Universidad, son algo que, por rutinario, se han convertido
en una especie de necesario e inevitable "rito de paso" hacia la
Universidad para los estudiantes. Algo que ya casi nadie cuestiona, a no
ser para introducir otra reforma o proponer "mejoras". El ignorar el
origen de los procesos o instituciones actuales, su arbitrariedad o
intencionalidad original, puede conducirnos a "naturalizar" o legitimar
esos procesos, y con ello a deslegitimar las luchas o resistencias que
provocan.
Pero hubo una época en la que el movimiento estudiantil se movilizó
contra estas pruebas de acceso. Se veían como una traba más que añadir a
la selectividad económica ya existente, y que afectaba especialmente a
los hijos de las familias obreras en sus intentos por incorporarse a los
estudios superiores.
Hagamos un poco de memoria. La Selectividad se instauró a finales de la
dictadura franquista, en el curso 1974-1975, en el marco de la Ley de
Reforma Educativa del Ministro J. L. Villar Palasí. Como el Examen de
Estado o la Prueba de Madurez de las anteriores leyes franquistas, la
nueva prueba seguía teniendo una función selectiva, para un modelo de
Universidad básicamente elitista. Con la introducción del Curso de
Orientación Educativa, y el numerus clausus en las Universidades,
la nueva selectividad adoptaría además, y prioritariamente, una
función distribuidora del alumnado que originaría nuevas disfunciones
como la jerarquización entre carreras y la frecuente matriculación del
alumnado en especialidades no elegidas (Vid. Fdo. Muñoz Vitoria, El sistema de acceso a la universidad en España, CIDE, MEC, 1993).
Incluso
en el contexto del tardofranquismo, la Selectividad provocó un amplio
rechazo. Fue un proyecto elaborado sin consultar a ninguno de los
sectores afectados, y que provocó la repulsa incluso dentro de las
Cortes franquistas. La ley de Selectividad iba contras las directrices
de la Ley General de Educación aprobada hacía poco, en un intento de
reactivar la depauperada enseñanza española, en la que se pretendía
"construir un sistema educativo permanente no concebido como una criba
selectiva de los alumnos", que defendía llevar a cabo "la
racionalización de múltiples aspectos del proceso educativo, que
evitaran la subordinación del mismo al éxito de los exámenes". Lo que
en esta ley se planteaba como una normativa excepcional sometida a las
necesidades de los propios centros universitarios, pasaba a ser,
gracias al ministro Martínez Esteruelas, una norma general bajo los
criterios del Ministerio. Fue una ley, la de la Selectividad, surgida
en plena efervescencia política universitaria contra el régimen
franquista, ya en sus estertores. El fuerte rechazo a esta ley se
reflejó también en documentos como el elaborado por el Colegio de
Doctores y Licenciados que, en su propuesta de Una alternativa democrática a la enseñanza defendía
una educación no clasista, en el que "todos tengan las mismas
oportunidades, y se evite cualquier tipo de selectividad" (El País, 12/10/1976). Algunas asambleas de "trabajadores de la enseñanza" se sumaron al anterior documento.
Por otro lado, el Ministro Martínez Esteruelas apoyaba la necesidad de
esta ley de selectividad en una serie de argumentos que todavía siguen
sonando en la actualidad. El primero era el de la baja calidad de la enseñanza superior,
algo que difícilmente podía analizarse seriamente desligándolo del
resto de los niveles de enseñanza. También se denunciaba la masificación o saturación de las aulas universitarias,
cuando el porcentaje de población universitaria en España estaba entre
los más bajos de Europa. Lo que se ocultaba era la incapacidad o el
desinterés del Gobierno por adecuar las instalaciones y el profesorado
al incremento del número de estudiantes. Otro argumento era el de que, a pesar de esta selección, se ayudaría a los económicamente débiles,
para que pasaran realmente los "más capacitados", y no hubieran
condicionantes sociales o económicos. Pero es que esa selección era
seguramente más temprana, en otras etapas educativas anteriores a la
universitaria. Además, al handicap cultural y social del alumnado
proveniente de las clases trabajadoras, se sumaba el hecho de que
difícilmente contarían con los medios económicos suficientes para
procurarse medidas correctivas adecuadas con las que superar las
barreras selectivas (métodos pedagógicos más eficaces, centros escolares
mejor dotados, profesores particulares, etc).
Personalmente, recuerdo, a finales de la Transición, las fuertes
luchas que organizábamos en los Institutos contra la ley de los
Estatutos de Centros, y los esfuerzos por democratizar unas
instituciones educativas que, como todas las instituciones públicas
heredadas del franquismo, seguían manteniendo resabios autoritarios y/o
paternalistas respecto al alumnado. Tras estas huelgas, el movimiento
quedó muy destrozado, y aunque hubo otros conatos de huelga en 1983 y
1984, fueron muy limitados. Sólo años más tarde, en 1985, se lanzaría la
idea de organizar un Sindicato de Estudiantes. Fue el mismo año
que se produjo el movimiento contra la incorporación de España a la
OTAN, ahora apoyada por el gobierno socialista, en un vergonzoso giro
ideológico, lo que permitió dotar de cierta base al movimiento de
protesta estudiantil.
En septiembre de 1986 se producen protestas en la Universidad Complutense contra la aplicación del numerus clausus,
lo que provoca movilizaciones de no admitidos llamando a la
solidaridad; movilizaciones que contaron con cuatro mil o cinco mil
estudiantes manifestándose desde el paraninfo de la ciudad universitaria
hasta Moncloa. La buena respuesta de los estudiantes llevó a convocar
una huelga general el 4 de diciembre, que fue el inicio del fuerte
movimiento estudiantil del curso 1986-1987. El PSOE había revalidado las
elecciones en 1986, aunque ya en junio de 1985 había sufrido la
convocatoria de una huelga general contra la reforma de las pensiones
(otra más). El gobierno socialista se había estrenado ya en 1983 con una
salvaje reconversión industrial y continuaría adoptando políticas que
le enfrentarían al movimiento obrero y estudiantil. Las movilizaciones
estudiantiles del curso 1986-1987 consiguieron arrancar del gobierno la
gratuidad de la enseñanza secundaria (hasta ese momento había que abonar
tasas académicas en BUP y COU), avances en la política de becas
universitarias, y de derechos democráticos para los estudiantes (derecho
de reunión y de huelga), así como la construcción de nuevos centros de
enseñanza media en todo el país.
Pero, a pesar de la insistencia del movimiento estudiantil, se
mantendría la prueba de acceso, aunque es verdad que muy descafeinada.
Como afirma uno de los líderes estudiantiles de estas protestas, Juan
Ignacio Ramos, en las negociaciones con el Ministerio, en la que
intervino el actual vicepresidente Rubalcaba, la respuesta de este
último a la petición estudiantil de eliminar la selectividad consistió
en señalar que el 80% de los estudiantes que se presentaban a ella
aprobaban. Es decir, se limitaba a señalar que no era una traba
fundamental, pero sin más justificación (Vid. Julia Varela, Las reformas educativas a debate,
1982-2006, Madrid, Morata, 2007, p. 98). Cuando todavía se justifica la
necesidad de la selectividad en la actualidad, basándose en una
supuesta saturación de las aulas univesitarias, se confunde, entre otras
muchas cuestiones que seguiremos analizando, el derecho a la prestación
educativa (muy limitado con esta prueba de acceso) y el derecho a ser
simplemente examinado (un derecho progresivamente disminuido en la mayor
parte de nuestras universidades tras la reforma educativa de los años
70).
